La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que vertebra la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.

El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la "adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático".

En su formato actual, la Cumbre Judicial Iberoamericana es el resultado de la fusión o convergencia, a partir del mes de junio de 2004, de dos estructuras anteriores: la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura.

La Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia fue a su vez el resultado de un proceso que se inició en Madrid en el año 1990, y continuó en sucesivas ediciones durante los años 1993 y 1997 (ambas en Madrid), 1998 y 1999 (ambas en Caracas), 2000 (en Canarias), 2002 (en Cancún) y 2004 (en El Salvador).

Por su parte, el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura celebró en Honduras, en el año 2004, su IV reunión plenaria, después de celebrarse las anteriores en Sucre (1998), Barcelona (2000) y Zacatecas (2002).

La Cumbre Judicial Iberoamericana cuenta con sus normas de funcionamiento interno, así como con una Secretaría Permanente, actualmente desempeñada por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. Su función es coordinar y prestar asistencia a la Secretaría Pro-tempore, que recae en los países anfitriones de las sucesivas ediciones encargados de la organización de los eventos. Asimismo existe un Coordinador Nacional por país que asegura el contacto permanente entre la Institución y las dos Secretarías: la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro-tempore.

Como resultados más relevantes ya alcanzados pueden citarse:

-La aprobación del Estatuto del Juez Iberoamericano, que aspira a ser el paradigma o referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

-La aprobación de la Carta de Derechos del Usuario de la Justicia, con vocación de enumeración exhaustiva de todos los derechos que asisten a todas aquellas personas que requieran el servicio de administración de justicia en el ámbito iberoamericano.

-La aprobación del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, concebido como un referente básico en sede de deontología profesional para los jueces iberoamericanos.

-La constitución de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, encargada no sólo de contribuir a fortalecer la conciencia ética judicial de los jueces iberoamericanos, sino también de asesorar a los diferentes poderes judiciales y consejos de la judicatura iberoamericanos, así como a la propia cumbre, en materia de deontología aplicada al ámbito jurisdiccional, así como de facilitar la difusión y desarrollo de la ética judicial a través de publicaciones y actividades diversas.

-La constitución y mantenimiento del Aula Iberoamericana. Programa de capacitación, dirigido a jueces y magistrados iberoamericanos mediante un sistema de becas concedidas por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.

-La creación de la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial (IberIUS). Concebida como una comunidad de cooperación, concertación y apoyo recíproco entre los Centros y Unidades de Información y Documentación Judicial de los países iberoamericanos.

-La creación de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ). La RIAEJ se constituye desde su inicio como una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las Escuelas Judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica, que contribuye al intercambio de información sobre programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial, facilita la coordinación de actividades que interesan a sus miembros y planifica actividades conjuntas de capacitación.

-La puesta en funcionamiento del Centro Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual. Este centro fue inicialmente visualizado como un instrumento para el fortalecimiento de la carrera judicial, que tiene como impacto facilitar a las Escuelas Judiciales un instrumento que les permitirá proporcionar una capacitación efectiva, uniforme y accesible a jueces y magistrados iberoamericanos, mediante el uso de tecnología de vanguardia para la capacitación judicial a distancia.

-La puesta en funcionamiento de una Red Iberoamericana de Asistencia Judicial (IberRED), concebida como un instrumento facilitador de la asistencia judicial internacional y paso fundamental en la conformación de un Espacio Judicial Iberoamericano.

-La creación del Sistema Iberoamericano de Información Judicial, con el que se pretende de una parte facilitar de manera permanente y accesible para nuestras instituciones y ciudadanos, el conocimiento mutuo de los aspectos estructurales, organizativos, normativos y descriptivos más esenciales de nuestros respectivos sistemas judiciales; y de otra, constatar y documentar los avances y logros alcanzados por nuestros respectivos sistemas en la implementación de los proyectos, declaraciones, acciones y compromisos asumidos a lo largo de las distintas ediciones.

-La probación del proyecto e.justicia, destinado a apoyar la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad jurisdiccional.

La realización de estudios comparados relativos a nuestras instituciones fundamentales.